¿CAERÁ SECRETARIO DE HACIENDA?

El gobernador Ramos Botero tiene en sus manos una compleja decisión.

Diputado Jorge Gómez Gallego y el secretario de Hacienda, Mauricio

Villegas Mesa.

Por Juan Carlos Hurtado Ochoa

Medellín. Desde la administración de Aníbal Gaviria Corrrea no escuchábamos denuncias sobre funcionarios que estuvieran ocupando cargos sin el lleno de los requisitos o con títulos presuntamente falsos.

El último diputado en denunciar una situación así fue Juan Esteban Villegas Aristizábal quien para la época dijo que había personas en la Gobernación que inventaban hojas de vida para ostentar ciertos cargos burlándose la Ley de Contratación.

Aunque no supimos finalmente en qué quedaron esas denuncias, ahora es el diputado del Polo, Jorge Gómez Gallego, quien pone nuevamente el dedo en la llaga, pero esta vez tocando al secretario tal vez más querido y cercano al gobernador Ramos Botero: Mauricio Villegas Mesa, de Hacienda. Hijo del patriarca y destacado ingeniero y político Álvaro Villegas Moreno.

Gómez Gallego asegura textualmente: “En medio de la discusión del Proyecto de Ordenanza 034 que modifica la Estructura Salarial y el Sistema de Evaluación de los Empleos del Departamento de Antioquia, denuncié que el secretario de Hacienda no llena los requisitos de ley para ocupar el cargo. No ha homologado su título de Bachelor of Science in Business Administration que obtuvo en la Universidad de Denver - Colorado , en Estados Unidos, según constancia que reposa en mi poder, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Esa convalidación es indispensable para cumplir la exigencia de acreditar el título profesional requerido para ser nombrado Secretario de Despacho en un ente territorial como el Departamento de Antioquia”.

Aunque no podemos determinar qué tan grave sería la falta, Villegas Mesa dio al parecer papaya y Gómez Gallego la está aprovechando. Recordemos que el diputado Carlos Alberto Molina perdió su curul simplemente por ocupar durante tres días un cargo en la EDU antes de ser corporado. Que el también diputado Gabriel Raúl Manrique Berrío debió renunciar hace algunos meses porque al parecer ordenó contratos cuando era directivo de ADIDA. La lista de otras situaciones similares podría ser larga y compleja de entender.

Lo más grave del asunto que nos ocupa es que Villegas Mesa es un joven que goza de gran simpatía en distintos sectores, pero Gómez Gallego asegura que una cosa no tiene que ver con la otra y que independientemente de que homologue o no su título ya cometió la falta.

En el diálogo que sostuvimos con el diputado en nuestro espacio radial el día jueves 10 de diciembre, manifestó que denunciará el caso ante la Procuraduría y divagó sobre a su juicio quién tenía la culpa en todo esto: si el Gobernador, el filtro de contratación o el mismo secretario de Hacienda al no informar de la posible inhabilidad. Gómez Gallego respondió que aunque parte de la buena fe del mandatario la comunidad necesita claridad.

Durante la misma emisión abrimos los micrófonos de GRAN CIUDAD para que algún vocero de la Administración o el mismo Mauricio Villegas Mesa controvirtieran la versión del diputado. Sin embargo, nadie llamó.

Igualmente quisimos consultar a diputados de la coalición y tampoco quisieron hablar sobre el tema. En parte por la simpatía que le tienen al secretario y por discreción. No obstante hemos escuchado algunos comentarios en los corrillos de la Asamblea en los que se manifiesta que Villegas M esa no tiene el perfil para ser secretario. Creemos que puede obedecer a envidias de quienes no han recibido dádivas en la Gobernación o simplemente a celos producto de la juventud del funcionario y del encargo tan importante.

Por lo que hemos analizado hasta el momento, es muy probable que el detalle denunciado por Gómez Gallego, haya pasado inadvertido por las partes en su momento. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no es óbice para que se cumpla y aquí es posible que el secretario abandone el cargo para no generar un manto de duda en una Gobernación que ha marchado sin grandes escándalos.

Con toda seguridad a esta hora se reúne el grupo de jurídicos de la Gobernación para analizar cuidadosamente el tema y no cometer posibles errores en torno a la decisión que se tome en este caso.

La función del secretario de Hacienda es fundamental, toda vez que tiene en sus manos la gestión financiera de proyectos como Pescadero Ituango, Túnel de Oriente, Vías de la Montaña, y saneamiento económico de la Administración, entre otros aspectos.

Además estamos en plena época electoral. Por lo pronto el diputado del POLO está aprovechando minutos de fama con este aburridor asunto.

CONCEJALES DE LAVAR Y PLANCHAR, NO SE ARRUGAN. RECOVECOS

El contralor Carlos Mario Escobar debería analizar si lo que ocurre con la demolición de las casas para el parque Nuevo Milenio, amerita algún tipo de control o análisis del ente.

Carlos Ballesteros Barón y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez.

Por Juan Carlos Hurtado Ochoa

Medellín. A nuestro entender existen cerca de tres clases de concejales: los que no se matan por nada, y les va bien; los que hacen estrictamente lo necesario y pasan de agache; y los de lavar y planchar, esos que no se le arrugan a nada y son imprescindibles.

Aunque la frase suene a canción protesta de Silvio Rodríguez, en la política, como en otras áreas, hay quienes asumen su responsabilidad con facilismo y quienes van más allá.

Así lo pudimos percibir el miércoles 2 diciembre en el sector conocido como la “La Curva de Guayabal”, cerca al Teatro Pablo Tobón Uribe, al bario Boston y la Placita de Flores. Hacia las 10:00 de la mañana varias familias armadas con palos y piedras impidieron que funcionarios del la EDU demolieran sus viviendas.

La orden era clara: “se tienen que ir porque sus casas serán demolidas para la Construcción del Parque Nuevo Milenio”.

Por su puesto la turba no se apabulló y creó un cordón humano para impedir la acción. Y antes de que algún miembro de la EDU y de las autoridades saliera lesionado, aparecieron unos conciliadores muy particulares: los concejales Carlos Ballesteros Barón y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, quienes se han convertido en especialistas para resolver ese tipo de chicharrones.

Estos concejales en vez de estar empacando maletas para irse a Estados Unidos, Chile o Europa, resolvieron untarse de comunidad y ponerse en el lugar de las familias que aseguran que la Administración les quiere comprar sus casas a precios irrisorios.

Una líder le dijo a Gran Ciudad que por su casa le ofrecieron 17 millones de pesos, cuando comercialmente puede sobrepasar los 90 millones.

Lo que pudo convertirse en un gran problema de orden público, logró ser resuelto por los concejales, quienes les pidieron a los funcionarios de la EDU que pararan la acción y esperaran una nueva reunión entre las familias y la Alcaldía para que halla precios más justos por sus viviendas.

Echeverri Jiménez y Ballesteros Barón, son felices asumiendo temas como el de la Iguaná o el que estamos relacionando aquí, mientras que a otros de sus compañeros les gusta el aire acondicionado y hablar de macroproyectos en espacios menos untados de pueblo.

De ahí que algunos todavía no entiendan porqué Echeverri Jiménez pasó de 2 mil votos a 8 mil en la última contienda. Hasta en charla se dice que desde que llegó a vivir a los Colores está conquistando a los simpatizantes del concejal Fabio Humberto Rivera.

Ballesteros Barón, aunque es su primer período en el Concejo, también ha demostrado que tiene a las clases menos favorecidas en su cabeza. Es un abogado laboral que viene de defender a los pensionados y a quienes no han podido lograr esa dignidad. Le gusta enfrentar temas agudos como la inseguridad de Medellín y la situación de Metrosalud. Sus colegas no comulgan mucho con su forma de oposición, pero sin ella no hubiera dinámica en un Concejo que a veces resulta tímido en algunos temas.

Es tan aventado, que demandó a sus propios colegas por aprobar el proyecto vías de la montaña, decisión que los podría llevar a la cárcel.

Hoy quisimos destacar la labor de estos concejales aguerridos, para que veamos otra faceta de quienes llegan a la corporación gracias a unas comunidades que generalmente no tienen voz en los organismos que funcionan en la Alpujarra.

Esperemos que esta maluca novela de las familias de “La Curva de Guayabal” tenga un final feliz, donde además de ser demolidas sus casas, no sean también demolidos sus sueños de tener derechos en una ciudad a veces tan desigual.